El contencioso para acabar con el cuartel general de la Legio VII comenzó en el año 2004
La Junta sigue sin rubricar la declaración de los vestigios como Bien de Interés Cultural
-Cristina Fanjul - León
En menos de dos meses comenzará la vista del juicio en el Contencioso de los Principia. Así lo han asegurado fuentes municipales, que añaden que será entonces cuando -según los plazos previstos- los tres pleitos interpuestos por los propietarios del solar alcancen el mismo trámite procesal. Y es que los demandantes reclamaron la acumulación de procedimientos, con lo que el primero de ellos se paralizó. Ésta es una de las razones por la cual el proceso se está demorando tanto.
Los propietarios del solar que acoge los restos del cuartel general de la Legio VII han presentado tres contenciosos. El primero de ellos se produjo cuando el Ayuntamiento denegó el proyecto de ejecución puesto que el proyecto presentado planeaba dos plantas de garage y no una -como estipulaba el primer proyecto-. En defensa de su postura, los hermanos Torices pusieron en marcha la obra, pero el Ayuntamiento aprobó un decreto de paralización que provocó el segundo de los contenciosos. El tercero se presenta después de que el Consistorio ordene a los propietarios retirar el cartel con la fecha de licencia de obras.
Las mismas fuentes subrayan que si en el mes de enero comienza la vista del juicio, el juez podría haber dictado sentencia el próximo año por estas fechas. Se cerraría de esta manera un largo proceso que comenzó en el año 2004 cuando se descubrió que lo que se creía una necrópolis medieval escondía en realidad el cuartel general de la Legio VII, el recinto en el que se guardaban los estandartes y emblemas de la guarnición, las banderas de las centurias, los alteares, las estatuas de la deidad imperial y el tesoro del regimiento, es decir, los fondos militares, cofres y ahorros de los soldados.
Sin negociaciones
La concejala de Patrimonio, Evelia Fernández, ha asegurado que ningún representante de los propietarios se ha puesto en contacto con ella para negociar una salida ante la crisis inmobiliaria que sacude la economía, con lo que parece claro que los propietarios siguen confiando en que la ley les dará finalmente la razón.
Una de las argumentaciones utilizadas por los hermanos Torices en el recurso defiende que la licencia se concedió por silencio administrativo un mes después de solicitarse. Sin embargo, ésta se produjo antes de la revisión del PGOU, y entonces la norma establecía que debían cumplirse tres meses y no uno como en la actualidad. «La documentación estuvo incompleta, luego no se puede aplicar en este caso el silencio administrativo», destacan fuentes consistoriales.
El 13 de enero del 2005, los propietarios de la parcela presentaron el proyecto de ejecución, proyecto que no se ajustaba al básico por dos razones: ampliaba la superficie del sótano y preveía además una planta más para garages. Sin embargo, un mes más tarde, el 15 de febrero, los Torices presentan certificación de acto presunto por silencio administrativo que resulta desestimado por acuerdo de Junta de gobierno el cuatro de marzo.
Desde el Ayuntamiento se advierte a los Torices: o se presenta un proyecto de ejecución que se ajuste al básico o deben pedir una nueva licencia. Es entonces cuando los dueños de la parcela argumentan que tienen ese segundo proyecto aprobado por silencio administrativo e inician las obras en el mes de agosto, trabajos que se paralizan y llevan a los Torices a presentar un nuevo contencioso.
Además del argumento de los plazos, los servicios jurídicos municipales alertan en la respuesta al recurso de que en el nuevo Plan de Ordenación Urbana se establece de manera clara que la zona arqueológica donde se asientan los Principia está sujeta a la normativa de bienes catalogados, con lo que no se puede tocar.
Por último, se indica que, en cualquier caso, el recurso que hacen los Torices del instrumento del silencio administrativo es negativo, por cuanto que, al existir un sótano a mayores, el proyecto de ejecución no puede desarrollar el básico.
Por otro lado, hay que recordar que la Junta de Castilla y León se ha negado a declarar Bien de Interés Cultural los vestigios. Desde el gobierno autonómico se defiende que se encuentran dentro del conjunto histórico de León con lo que cuentan con la protección de su declaración global como BIC.
Los propietarios del solar que acoge los restos del cuartel general de la Legio VII han presentado tres contenciosos. El primero de ellos se produjo cuando el Ayuntamiento denegó el proyecto de ejecución puesto que el proyecto presentado planeaba dos plantas de garage y no una -como estipulaba el primer proyecto-. En defensa de su postura, los hermanos Torices pusieron en marcha la obra, pero el Ayuntamiento aprobó un decreto de paralización que provocó el segundo de los contenciosos. El tercero se presenta después de que el Consistorio ordene a los propietarios retirar el cartel con la fecha de licencia de obras.
Las mismas fuentes subrayan que si en el mes de enero comienza la vista del juicio, el juez podría haber dictado sentencia el próximo año por estas fechas. Se cerraría de esta manera un largo proceso que comenzó en el año 2004 cuando se descubrió que lo que se creía una necrópolis medieval escondía en realidad el cuartel general de la Legio VII, el recinto en el que se guardaban los estandartes y emblemas de la guarnición, las banderas de las centurias, los alteares, las estatuas de la deidad imperial y el tesoro del regimiento, es decir, los fondos militares, cofres y ahorros de los soldados.
Sin negociaciones
La concejala de Patrimonio, Evelia Fernández, ha asegurado que ningún representante de los propietarios se ha puesto en contacto con ella para negociar una salida ante la crisis inmobiliaria que sacude la economía, con lo que parece claro que los propietarios siguen confiando en que la ley les dará finalmente la razón.
Una de las argumentaciones utilizadas por los hermanos Torices en el recurso defiende que la licencia se concedió por silencio administrativo un mes después de solicitarse. Sin embargo, ésta se produjo antes de la revisión del PGOU, y entonces la norma establecía que debían cumplirse tres meses y no uno como en la actualidad. «La documentación estuvo incompleta, luego no se puede aplicar en este caso el silencio administrativo», destacan fuentes consistoriales.
El 13 de enero del 2005, los propietarios de la parcela presentaron el proyecto de ejecución, proyecto que no se ajustaba al básico por dos razones: ampliaba la superficie del sótano y preveía además una planta más para garages. Sin embargo, un mes más tarde, el 15 de febrero, los Torices presentan certificación de acto presunto por silencio administrativo que resulta desestimado por acuerdo de Junta de gobierno el cuatro de marzo.
Desde el Ayuntamiento se advierte a los Torices: o se presenta un proyecto de ejecución que se ajuste al básico o deben pedir una nueva licencia. Es entonces cuando los dueños de la parcela argumentan que tienen ese segundo proyecto aprobado por silencio administrativo e inician las obras en el mes de agosto, trabajos que se paralizan y llevan a los Torices a presentar un nuevo contencioso.
Además del argumento de los plazos, los servicios jurídicos municipales alertan en la respuesta al recurso de que en el nuevo Plan de Ordenación Urbana se establece de manera clara que la zona arqueológica donde se asientan los Principia está sujeta a la normativa de bienes catalogados, con lo que no se puede tocar.
Por último, se indica que, en cualquier caso, el recurso que hacen los Torices del instrumento del silencio administrativo es negativo, por cuanto que, al existir un sótano a mayores, el proyecto de ejecución no puede desarrollar el básico.
Por otro lado, hay que recordar que la Junta de Castilla y León se ha negado a declarar Bien de Interés Cultural los vestigios. Desde el gobierno autonómico se defiende que se encuentran dentro del conjunto histórico de León con lo que cuentan con la protección de su declaración global como BIC.
1 comentario:
hola ya se sabe algo ..... saludos
Publicar un comentario